El concurso de acreedores no es un problema sino una solución.
¿Es dañino para la imagen de la empresa la presentación de un
concurso?
El Concurso de Acreedores es una medida protectora que puede salvar la empresa, o cuanto menos, salvar parte del patrimonio empresarial. Si no se presenta por parte del deudor, lo puede hacer cualquier acreedor y puede el empresario perder el control de la empresa e incluso responder con su patrimonio personal (presente y futuro) de las deudas empresariales.
Proveedores y bancos ya entienden el concurso como una consecuencia de la crisis actual, y para los clientes no es ningún impedimento.
¿Qué prioridad se da al cobro del sueldo por parte de los trabajadores de la concursada?
Prioridad absoluta. Son créditos contra la masa, o sea que se pagan con carácter preferente y dentro de estos están por delante de cualquier otro pago (honorarios administración concursal, honorarios de letrado, cuotas alquiler….) en el caso de que exista insuficiencia de masa activa para hacer frente a todas las deudas.
¿Cuándo debo Presentar Concurso?
Cuando no puedan cumplirse regularmente las obligaciones exigibles y en especial, cuando existan embargos, imposibilidad de pago de 2 meses de las cuotas de la Seguridad Social, impuestos, salarios… y en cualquier situación que se prevea que no se va a poder atender a los pagos.
¿Para qué se presenta un concurso?
Para que el juzgado nombre administradores que gestionarán la empresa hasta que se encuentre una solución a las dificultades de pago a los acreedores, determinando las cantidades adeudadas y el modo de garantizar su cobro.
¿Qué consecuencias tiene sobre el deudor la no presentación del concurso?
Principalmente, los administradores podrán responder personalmente de las deudas no cubiertas si el concurso acaba en liquidación y no se podrá proponer anticipadamente una propuesta de convenio.
¿Qué diferencia hay entre el concurso voluntario y el necesario?
El Concurso Voluntario es el que solicita el Deudor ante la situación de insolvencia.
El Concurso Necesario es el que se inicia por solicitud de cualquiera de los Acreedores cuando se den las condiciones establecidas, entre ellas, que se haya despachado ejecución o apremio contra la empresa sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago de las deudas.
¿El concurso paraliza la actividad empresarial?
No, solo en los casos de liquidación de la empresa por cese en la actividad al comprobarse la inviabilidad de la continuidad porque los gastos son superiores a los ingresos.
¿Cómo terminan los concursos judiciales?
Mediante la firma de un convenio con los acreedores o mediante la liquidación de la empresa.
¿Qué ocurre con los procedimientos judiciales que puedan existir contra la concursada antes de la presentación del concurso?
Continuarán su tramite hasta sentencia en el Juzgado en el que fueron presentados. No obstante están prohibidas todo tipo de ejecuciones contra la concursada.
¿Puede una empresa que debe dinero a la concursada compensar su deuda con alguna cantidad que le deba a su vez a ella la concursada?
No, una vez declarado el concurso se prohíbe la compensación y la empresa deudora deberá abonar su deuda a la concursada.
¿Está sujeta a IVA la compra de bienes inmuebles concursales?
Cuando exista inversión del sujeto pasivo en entregas de inmuebles efectuadas como consecuencia de un proceso concursal (art. 84.Uno.2º e LIVA):
- El adquirente, sujeto pasivo por inversión, tendrá que declarar esta operación como IVA devengado en las casillas 01 a 09 -IVA devengado. Régimen general-, y como IVA soportado, en su caso, en las casillas 22 a 25 según el inmueble tenga la consideración de bien corriente o bien de inversión.
- El transmitente deberá incluir esa operación en la casilla 44 -Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción.-
¿Qué derecho ostentan los titulares de una hipoteca unilateral, inscrita en el registro de la propiedad, pero no aceptada en la fecha de presentación del concurso?
La operatividad de la cancelación de las hipotecas unilaterales no aceptadas se deduce con claridad del régimen establecido en el artículo 141 párrafo segundo de la Ley Hipotecaria y 237 de su Reglamento.
El artículo 141 de la Ley Hipotecaria dispone que la aceptación de las hipotecas constituidas unilateralmente se hará constar en el Registro por nota marginal, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de constitución de las mismas, añadiendo en su párrafo segundo que «Si no constare la aceptación después de transcurridos dos meses, a contar desde el requerimiento que a dicho efecto se haya realizado, podrá cancelarse la hipoteca a petición del dueño de la finca, sin necesidad del consentimiento de la persona a cuyo favor se constituyó». Por tanto, el artículo 141 de la Ley establece como requisito esencial de eficacia de la hipoteca unilateral la aceptación del acreedor.
En el ámbito de la legislación hipotecaria la regla general es la de que no se admiten los consentimientos tácitos ni presuntos, y además rige el principio general de titulación auténtica, conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resoluciones de 6 de septiembre de 2002 y de 13 de enero de 2012) y por lo tanto ha de concluirse que el derecho a obtener la cancelación impetrada no puede ser objetado por la existencia de una supuesta aceptación tácita de la hipoteca constituida unilateralmente.
La DGRN, en sus diversas Resoluciones, ha reiterado la situación que provoca la falta de eficacia de la hipoteca unilateral que se encuentra pendiente de aceptación, ya que no nace como derecho real sino desde que sea "formalmente aceptada". A modo ilustrativo, cabe citar las Resoluciones de 28 de septiembre de 1983, 22 de marzo de 1988 y 22 de abril de 1996,. De conformidad con el artículo 144 de la Ley Hipotecaria y concordantes (y doctrina interpretativa de esta Dirección General de los Registros y del Notariado), la hipoteca unilateral, para que adquiera virtualidad de derecho real como tal con todos sus efectos jurídicos, requiere necesariamente la aceptación formal por parte del acreedor en escritura pública debidamente inscrita, al igual que ocurre con cualquier otra hipoteca bilateral, para la que se exige, a efectos constitutivos, el otorgamiento de la escritura pública en la que conste el establecimiento de la hipoteca por el propietario y la consiguiente aceptación por la persona a cuyo favor se establece, unida a su preceptiva inscripción, como requisitos esenciales para que ésta nazca, a la vida jurídica, sin cuya observancia, el derecho real no existe (artículos 1.875 del Código Civil y 145 de la Ley Hipotecaria).
Queda excluida, por tanto, para la válida aceptación de la hipoteca unilateral, cualquier otra manifestación de la voluntad que no sea la que se exprese en escritura pública e inscriba, rechazándose las aceptaciones presuntas, tácitas u obrantes en documentos privados no inscritos, sin perjuicio de su eficacia entre los intervinientes (artículo 1.257 del Código Civil).
A modo de conclusión, la normativa hipotecaria establece como requisito esencial de eficacia de la hipoteca unilateral la aceptación del acreedor. Así lo ha señalado también la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1997: "Se constituye válidamente por la voluntad unilateral (negocio jurídico unilateral) del dueño de la finca hipotecada y para su eficacia como derecho real requiere la "conditio iuris" de la aceptación del acreedor en cuyo beneficio, que es la garantía de su derecho de crédito, se ha constituido", debiendo de constar la aceptación por nota marginal en el Registro de la Propiedad.
La Dirección General de Registros y notariado, por resolución de fecha 2 de noviembre de 2011 ha tratado el tema de la inscripción de una hipoteca unilateral otorgada a favor de la Administración pero que es presentada a Registro con posterioridad a la declaración de concurso de la sociedad que era sujeto pasivo. El registrador deniega la inscripción fundamentalmente porque los administradores de la sociedad concursada no tienen ya capacidad legal, y la inscripción de la hipoteca es constitutiva del derecho de hipoteca, y en consecuencia, al estar anotada la declaración de concurso, permitir la inscripción de un derecho que nace por la inscripción supondría un perjuicio para el resto de acreedores. Como resulta de lo establecido en el artículo 21 de la Ley Concursal no es hasta el momento en que el juez declara el concurso que se producen los efectos limitativos sobre el poder de disposición del deudor, por lo que sólo a partir de ese momento estarán viciados de anulabilidad los actos llevados a cabo por el mismo en contravención de las medidas limitativas ordenadas por el juez. Todo acto o negocio jurídico llevado a cabo por el deudor con anterioridad estará, en principio, a salvo de las consecuencias jurídicas establecidas por el ordenamiento para los posteriores.