(i)Para las empresas:
Se concibe tanto como un derecho del deudor como una obligación, ya que existen sanciones (tales como la inhabilitación para administrar sociedades mercantiles, como la responsabilidad personal del administrador de responder de las deudas de la sociedad, etc.) por no presentar un concurso de acreedores cuando la situación de la empresa es de insolvencia en el plazo de dos meses. Se presume la situación de insolvencia cuando existen embargos, o cuando no se han abonado obligaciones tributarias o de Seguridad Social en el plazo de tres meses, o cuando no se han abonado salarios a los trabajadores. El concurso puede ser presentado por el deudor o cualquiera de sus acreedores.
Con la declaración del concurso, el Juzgado designará un administrador concursal que asumirá las funciones de intervención y/o sustitución del administrador de la empresa, y será quién impulse y controle la liquidación de la empresa o las medidas para su reflote o su liquidación ordenada. Una de las funciones principales de la Administración Concursal es la del reconocimiento de los créditos de los acreedores y su calificación. Dicha clasificación es de vital importancia ya que determina la preferencia para el cobro de los créditos.
La finalidad principal del Concurso de Acreedores es “la satisfacción de los acreedores”, por lo que es de gran interés para proveedores, trabajadores, instituciones financieras, etc., aunque se buscarán alternativas para lograr la supervivencia de las empresas siempre que sea posible.
El concurso será calificado como fortuito (sin responsabilidad del administrador de la sociedad) o culpable cuando existan motivos para afirmar que ha habido una participación directa e intencionada del administrador de la sociedad en la situación de quiebra de la empresa. Dicha calificación únicamente afecta al ámbito concursal, sin ser vinculante para la jurisdicción penal.
Concurso sin masa de una empresa — artículo 37 bis del TRLC
El concurso sin masa es aquel procedimiento concursal en el que una sociedad mercantil se encuentra en situación de insolvencia, pero carece de bienes o derechos suficientes para justificar económicamente la tramitación de un concurso ordinario.
Está regulado en los artículos 37 bis a 37 quinquies del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).
Conforme al artículo 37 bis TRLC, existe concurso sin masa cuando concurre cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. El concursado carece de bienes y derechos legalmente embargables.
2. El coste de realización de sus bienes y derechos es manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.
3. Los bienes y derechos libres de cargas tienen un valor inferior al previsible coste del procedimiento.
4. Los gravámenes y cargas existentes sobre los bienes y derechos son superiores a su valor de mercado.
El procedimiento presenta estas particularidades:
- Declaración: el juez dicta auto declarando el concurso sin masa, sin abrir inicialmente la fase de liquidación ni nombrar administrador concursal.
- Publicidad: se publica en el BOE y en el Registro Público Concursal.
- Plazo de 15 días: los acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo pueden solicitar el nombramiento de administrador concursal.
-Si ningún acreedor solicita el nombramiento de administrador concursal, procede la conclusión del concurso conforme al régimen legal aplicable.
Tratándose de una sociedad mercantil, la conclusión por insuficiencia de masa comporta, conforme al artículo 485 TRLC, su extinción y la cancelación de la inscripción registral
Posibilidad de negociar con los acreedores: El artículo 690 TRLC permite a una empresa en situación de insolvencia actual o inminente, o de probabilidad de insolvencia, comunicar al juzgado que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para alcanzar un plan de reestructuración que permita superar sus dificultades económicas y evitar el concurso de acreedores.
(ii)Para las personas físicas: Concurso de acreedores de persona física — Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma de la Ley Concursal.
Es el procedimiento judicial destinado a personas físicas que no pueden hacer frente regularmente a sus deudas, permitiendo ordenar el pago a los acreedores y, conforme a la regulación vigente, acceder a la exoneración de las deudas legalmente exonerables mediante el mecanismo de Segunda Oportunidad.
El deudor puede optar por la conservación de sus bienes ofreciendo un Plan de Pagos.
La deuda pública es exonerable en su totalidad para el crédito subordinado ( intereses, sanciones...) y hasta 10.000 euros del principal.